El veto como política de gobierno

El legislativo municipal se reunió ayer para debatir, entre otros temas, el veto parcial de la intendente Blanca Osuna a las modificaciones de la ordenanza que regula los barrios privados en Paraná. El tratamiento no obtuvo los dos tercios necesarios para ser tratado por el cuerpo legislativo local, por lo que se mantuvo la decisión de la mandataria.
Luciana Contrera | Variété

El mes pasado, alegando que la modificación alteraba la esencia de la norma, la intendente había vetado el artículo que especificaba la prohibición de construcciones cerradas que excedieran la manzana máxima, es decir, los 150 metros. En su momento, el argumento del secretario de Planificación, Guillermo Federik, había sido

Fue un veto muy parcial a un párrafo de uno de los artículos. Tiende a darle un ordenamiento jerárquico a la norma, es una nueva ordenanza que prohíbe y restringe barrios privados en área central.

Sin embargo, no estamos debatiendo lo sólido o no de la justificación otorgada por la intendente y su equipo de gobierno. Lo que aquí preocupa es la frecuencia en que el derecho del veto se hace presente. Es que más que hechos aislados de fuerza mayor, las prohibiciones o el "acomodamiento" de distintas legislaciones municipales pasan a conformar una manera particular de hacer política.
No es la primera vez que la intendente de la ciudad utiliza la facultad del veto. Claro está que éste es indiscutiblemente un poder otorgado al cargo que ocupa. Esto no se pone en duda. Ahora bien, ¿es necesario transformar esta facultad en una estrategia estructural de gobierno? ¿A qué estamos jugando? ¿A vetar las opiniones disidentes y las modificaciones impulsadas por la oposición?